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El 80% de las viviendas despilfarra energía a causa de su construcción

La compra-venta de un piso o el alquiler de una vivienda se medirá, a partir del primero de junio, por colores. Así lo fija el Real Decreto 47/2007, que cumple con los deseos de la Unión Europea para mejorar la eficiencia energética de los inmuebles. Se trata de una gama cromática que va del verde esperanza al rojo incandescente. Colores ya conocidos por todo el mundo porque son complementarios a las letras que señalan la eficiencia energética de los electrodomésticos que todos compramos.
Si en la compra del coche o de una lavadora uno se fija en el ahorro del consumo, en las transacciones inmobiliarias (y la publicidad) también habrá que empezar a tomar conciencia. Así, se deberá incluir en la documentación final un certificado de eficiencia energética que en Europa ya funciona desde hace una década y en España empezó en 2007 (para edificios de nueva construcción) y a partir de junio para el resto del parque de viviendas existentes.

Un parque sin aislantes

El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT) estima que el 80% de todo el parque de la ciudad es anterior a la normativa y por tanto la eficiencia energética es baja –por no decir nula– porque era un aspecto poco importante a la hora de edificar hace pocos años. En cifras, Tarragona tiene unos 9.200 inmuebles, 7.500 anteriores a 1980.
En España, las primeras normas en eficiencia energética nacen ese año, aunque su aplicación real es en 2007, cuando el código técnico de la edificación (CTE) obliga a los constructores a aplicar medidas.
El presidente de la Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona, Agustí Pujol, explica que «el primer boom inmobiliario, en la década de los años 60 del siglo pasado, nadie se planteó este aspecto. Y antes de 2007 pocos edificios pensaban en la cámara de aire, un buen sellado de las ventanas».
El certificado propiamente no será una obligación mientras no haya transacción de por medio, «aunque a veces podrá interesar al propietario o a la comunidad para ver qué eficiencia tienen y si se puede mejorar», dice Pujol.
Está demostrado que mejorar el aislamiento se consigue una reducción del gasto energético, repartido entre gas y electricidad, energía que tiene un coste elevado año tras año.

Reducir el dióxido de carbono

La eficiencia que garantizará el certificado homologado por la Generalitat calcula cuánta energía consume la vivienda en dos aspectos: kilowatios/hora por metro cuadrado y las emisiones de dióxido de carbono (CO2). En función de unos parámetros, se colocará la letra y el color de la etiqueta.
Estas mediciones serán responsabilidad de técnicos cualificados  y los colegios profesionales y la propia Cambra de la Propietat gestionarán el trámite burocrático que certifique este requisito. En el caso de Catalunya, la Generalitat deberá crear un registro para censar las viviendas que vayan solicitando el certificado.

¿Incidirá en el precio final?

El presidente de los promotores y constructores del Tarragonès, Diego Reyes, apunta que «el certificado será un valor más a tener en cuenta en el mercado inmobiliario». Una vivienda que consuma poca electricidad y gas será muy apetecible por el ahorro a medio y largo plazo.
«Pero hoy por hoy no creo que sea el principal criterio. El comprador valorará otros aspectos y medirá si está al alcance de su bolsillo», añade Reyes. «Es posible que sea un criterio a tener en cuenta, pero a medio plazo», explica José Osuna, presidente de promotores y constructores de la provincia (APPCE).
Para Josep Llop, presidente del Col·legi d’Arquitectes, «el mercado inmobiliario irá regulando el parque de viviendas y el ahorro energético será, junto a otros factores (ubicación en la ciudad, metros cuadrados, orientación...), aspectos que fijarán el precio final».

¿Es un buen momento?

«Hay demasiada precipitación en la puesta en marcha de este certificado», argumenta Esteve Martí, presidente del Col·legi d’Administradors de Finques. «Veo complicado que de la noche a la mañana todo esté listo. La Generalitat deberá crear un registro, los profesionales gestionar estos certificados y los interesados en vender o alquilar pedir de forma urgente este documento». El Col·legi d’Administradors de Finques ya prepara jornadas específicas para sus asociados.
Para Agustí Pujol y Josep Llop, la medida no llega ni en mal momento ni con prisas. «Parece que en época de crisis una imposición es un paso atrás. Pero creo firmemente en la eficiencia energética y veo que es un paso para reactivar el sector» , dice el presidente de la Cambra, quien señala que en Alemania incluso van más allá de esta etiqueta y casi «consiguen un edificio sin pérdidas de energía».
El presidente de los arquitectos en Tarragona añade que «la normativa como tal ya existía para los edificios de nueva construcción. Ahora lo que hace es ampliar el aspectro con los edificios anteriores a 2007. No supone nada más que un requisito para reducir el despilfarro energético».

Aumentaron los costes

Los edificios de nueva construcción incluyeron estos aspectos a partir de 2007. «Estas medidas encarecieron el coste ejecutivo entre un 7 y un 10%», apunta Diego Reyes, «que repercutió en el precio final a la hora de la venta y que nadie cuestionaba en aquella época porque estábamos antes de la crisis», reconoce José Osuna, presidente provincial de los promotores y constructores.

Fuente de la noticia: Diaridetarragona.com